La violencia contra los conductores de plataformas digitales en Baja California ha escalado alarmantemente, con un recuento de casi 50 asesinatos en los últimos tres años. Este panorama sombrío ha llevado a muchos choferes a implementar sus propias medidas de seguridad para mitigar los riesgos relacionados con su actividad laboral.
Un Contexto Violento para los Choferes
De 2022 a septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto 189 carpetas de investigación por asaltos contra conductores de plataformas, indicando una creciente preocupación por la seguridad de quienes laboran en este sector. El año 2024 se ha destacado como el más violento, con 30 muertes de choferes registradas, en comparación con siete asesinatos en 2023 y 12 hasta septiembre de este año.
Mario Avendaño Cervantes, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) en Tijuana, señala que la mayoría de las muertes están relacionadas con intentos de asalto. "Muchos se resistieron y fueron asesinados, es lo que supimos", señaló Avendaño, quien ha instado a la creación de grupos de apoyo en línea para que los conductores puedan reaccionar rápidamente en situaciones de peligro.
Vínculos con el Crimen Organizado
El fiscal de homicidios, Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, ha mencionado que más de la mitad de los homicidios de conductores en 2024 están ligados a grupos criminales. A pesar de las medidas de seguridad que las plataformas digitales afirman tener, los choferes dicen que esto no es suficiente. “Lo que sentimos es que la situación sigue muy peligrosa para nosotros. Las apps no nos están protegiendo”, comentó Avendaño.
Además, los choferes han comenzado a instalar cámaras de seguridad en sus vehículos como un intento de autodefensa, una medida que se ha vuelto común ante la falta de confianza en el sistema.
Registro Obligatorio y Medidas de Seguridad
Desde 2020, el registro de conductores y vehículos ante el Instituto de Movilidad Sustentable (Imos) es obligatorio, sin embargo, todavía hay más de 9,000 conductores sin registro en el estado. Jorge Gutiérrez Topete, director del Imos, ha indicado que este alto número de operadores no registrados no solo pone en riesgo a los choferes, sino que también permite que personas con antecedentes delictivos operen en las plataformas.
“Mientras las plataformas sigan sin cumplir las regulaciones, la responsabilidad recae en ellas”, destacó Gutiérrez. La falta de controles efectivos para garantizar quién está detrás del volante ha contribuido a la inseguridad que enfrentan tanto los choferes como los usuarios de las aplicaciones.
Asaltos en Aumento
La FGE reportó un total de 189 carpetas de investigación por asaltos entre 2022 y 2025. Sin embargo, este delito no presenta una disminución significativa: se reportaron 69 asaltos en 2023, 74 en 2024, y hasta septiembre de este año, 46 denuncias documentadas. Avendaño lamenta que muchos choferes eligen no reportar los asaltos por miedo a represalias.
"Desgraciadamente, mucha gente no quiere poner la denuncia. Nos hemos visto en la necesidad de detener a varios asaltantes, pero tras ser entregados a las autoridades, los liberan rápidamente", explicó.
A medida que crece la preocupación por los choferes en Tijuana, un llamado a la acción se vuelve más urgente. Los líderes de la UNTA han instado al gobierno estatal a intensificar los operativos de seguridad y a ofrecer un diálogo real con las autoridades para implementar estrategias efectivas que garanticen la seguridad de los conductores.
El Futuro de los Conductores de Plataforma
En medio de este escenario de violencia, muchos conductores sienten que su vida está en riesgo. A pesar de que hay medidas y protocolos de seguridad, la falta de información y la burocracia han dejado a muchos sin protección adecuada. Avendaño aseguró que es crucial que tanto el gobierno como las plataformas de transporte trabajen en conjunto para abordar la crisis de violencia que afecta a los choferes.
La comunidad de trabajadores por aplicación esperará con ansiedad las decisiones que se tomen en los próximos meses, esperando que la cooperación institucional logre mejorar su situación y, de una vez por todas, frenar la ola de violencia que ha cobrado tantas vidas en Baja California.
