Tijuana, Baja California – El Congreso del Estado de Baja California ha solicitado oficialmente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) un informe detallado acerca del cumplimiento de las recomendaciones emitidas a la Fiscalía General del Estado (FGE) en relación a las desapariciones de personas, esto tras la Recomendación General 01/2021, que se centró en las violaciones de derechos humanos en la búsqueda e investigación de desaparecidos en la entidad.
El comisionado de la CEDHBC, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, expresó que esta solicitud del Congreso es significativa porque busca visibilizar la situación de las recomendaciones, las cuales no deben quedar relegadas al olvido. Reconoció que si bien se han dado pasos hacia adelante, aún queda una gran cantidad de trabajo por realizar en este ámbito.
Contexto de la Recomendación
La llamada Recomendación General 01/2021 fue emitida después de un exhaustivo análisis de 106 expedientes relacionados con la desaparición de personas, en el cual se documentaron obstáculo, omisiones y deficiencias en los procesos de investigación y búsqueda de la FGE. Ochoa Orduño destacó que es crucial la atención a estas recomendaciones para mejorar la respuesta institucional ante la crisis de desapariciones que enfrenta Baja California.
Los colectivos de búsqueda de personas en la región han sido críticos con las acciones de la FGE, argumentando que se enfrentan a problemas incluso en la aceptación de reportes o denuncias. Paula Sandoval, representante del colectivo "Familiares Buscando a Nuestros Desaparecidos", subrayó que en muchos casos son los propios familiares quienes terminan investigando, cuando esta responsabilidad debería recaer en la autoridad.
Propuestas de Mejora
Ante estas críticas, Ochoa Orduño propuso a nivel nacional realizar modificaciones a la manera en que se administran las recomendaciones de derechos humanos, sugiriendo que se mantengan como no vinculantes, pero que se establezcan consecuencias para aquellas autoridades que no las cumplan. En este sentido, destacó la necesidad de crear un registro nacional de servidores públicos que han violado derechos humanos, con el fin de prevenir que personas denunciadas por graves violaciones puedan continuar en cargos públicos o postularse a puestos de elección.
Conclusiones
Ochoa Orduño concluyó reafirmando la importancia de fomentar una mayor conciencia acerca de las implicaciones de las violaciones a los derechos humanos en la comunidad. “Creo que con este tipo de medidas habrá mayor conciencia en las consecuencias si se pueden acreditar violaciones de derechos humanos”, aseguró.
Dada la grave situación de desapariciones en Baja California, la acción del Congreso y las sugerencias de la CEDHBC podrían ser pasos cruciales hacia una mayor rendición de cuentas y justicia para las familias afectadas, que claman no solo por respuestas, sino por una transformación en la manera en que el sistema atiende estas graves violaciones a los derechos humanos.
Este llamado de atención es fundamental para que las instituciones y la sociedad civil se impliquen de manera activa en el cumplimiento de las recomendaciones y la búsqueda de justicia en un tema tan sensible y desgarrador.
