La construcción de la planta desalinizadora en Playas de Rosarito es un tema que ha generado un intenso debate en la región de Baja California. Desde su concepción hace más de una década, su desarrollo ha enfrentado numerosos obstáculos, lo cual no solo provoca incertidumbre entre los residentes, sino que también plantea serias preguntas sobre la gestión del agua en una zona que sufre constantemente de escasez.
Un Proyecto en Espera
A pesar de que se colocó una primera piedra en 2018, la planta ha permanecido estancada debido a múltiples problemas legales y financieros. Con promesas que se han extendido hasta 2029 por parte de las autoridades, la realidad es que todos los avances son relativamente escasos. La última administración estatal ha retomado el proyecto, presionando para que finalmente se materialice, pero expertos en el tema han expresado su preocupación sobre si este cronograma es siquiera realista.
La Opinión de los Expertos
Marco Antonio Samaniego López, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), critica la falta de planificación y la tendencia a generar "falsas expectativas". Según él, los plazos que se están manejando son irreales, advirtiendo que las desaladoras suelen enfrentar muchos retrasos en su construcción.
“No va a estar en 2029, no va a estar en 2032. Las desaladoras se llevan siempre mucho más tiempo del pactado”, afirmó Samaniego.
Patricia Ramírez Pineda, presidenta de la Asociación Mexicana de Hidráulica en Baja California, también señala que estas obras requieren no solo de planificación adecuada, sino de un compromiso político de todas las partes involucradas. “Hay que alinear todo para que las cosas se den”, agregó.
Permisos y Regulaciones
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta el proyecto es la gran cantidad de permisos y regulaciones necesarios. El Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobado de manera condicionada en diciembre de 2025, pero aún requiere cumplir varios acuerdos señalados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). A través de esta serie de requisitos, la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa) debe asegurarse de que todos los permisos estén en orden antes de comenzar la construcción.
Esto incluye cambios en la ubicación de la toma de agua y del emisor del agua desalada, así como la implementación de medidas adecuadas para gestionar el retorno de salmuera al mar, algo que ha generado preocupación entre activistas ambientales.
Las Implicaciones Económicas
A pesar de que se ha afirmado que la inversión será cubierta, en gran parte, por fondos federales, la reciente aprobación de una deuda pública por aproximadamente 2,960 millones de pesos por parte del Congreso de Baja California ha dejado a muchos en estado de alarma. Esta deuda no solo se destinará a la construcción de la desaladora, sino también a obras complementarias para el transporte de agua, lo que aumenta el pasivo a largo plazo.
Se estima que los ciudadanos de Baja California terminarán pagando cerca de 9,740 millones de pesos, intereses incluidos, hasta 2056.
“La deuda adquirida fue la mejor propuesta para la situación económica actual”, declaró Ramírez Pineda, defendiendo la acción del Congreso ante la crítica de la oposición.
Un Futuro Incierto
Con cambios inminentes en la administración estatal y la presión de los ciudadanos por un suministro adecuado de agua, el futuro de la desaladora de Rosarito sigue siendo incierto. Las autoridades estatales han manifestado que esperan novedades sobre relanzamientos de licitaciones, pero, con un horizonte tan poco claro, muchos se preguntan si la prometida planta será la solución que tanto necesita la población de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.
Los residentes de la costa de Baja California siguen esperando respuestas, enfrentando la dureza de veranos sin la garantía de que la escasez de agua será un problema del pasado. Por el momento, la desaladora se mantiene como un proyecto que, después de una década de vaivenes, continúa sin aterrizar, dejando una sensación de frustración y desconfianza en la gestión de recursos hídricos.
